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El Diario Vasco, 8 de diciembre de 2003 Construir futuro PATXI MEABE/SECRETARIADO SOCIAL DIOCESANO «JUSTICIA Y PAZ» La lucha por la vida diaria, la rutina y la superposición de los acontecimientos, no nos dejan a veces detenernos a reflexionar sobre algunos hechos que pueden tener una incidencia especial en nuestra convivencia. Por eso, al terminar el mes de noviembre y enfilar la última recta del año, quisiera hacer una pequeña reflexión pública sobre algunos de ellos de singular significado tanto para el presente como para nuestro futuro. 1.- Una de las mejores noticias que nos ha deparado el pasado mes de noviembre ha sido el anuncio del principal grupo terrorista de Córcega, el Frente Nacional de Liberación Corso-Unión de los Trabajadores (FNLC-UT), de suspender de forma indefinida sus acciones militares. Si bien es verdad que los conflictos políticos del Ulster, Córcega y Euskal Herria son diferentes, tienen ciertamente de común entre otros, la utilización por parte de algunos grupos, de la lucha armada como instrumento de acción política. Es en torno al abandono de esta violencia sobre la que hemos de reflexionar, para llegar a conclusiones altamente positivas para todos. Es lo que debiera hacer ETA, única organización que persiste en el camino de atentados en Europa. Ante la evidencia de que tanto derramamiento de sangre sólo ha servido para radicalizar el problema, antes el IRA y ahora el FNLC, han tomado la decisión de que la mejor aportación a favor del proceso de pacificación de su pueblo era su propio desarme. Una renuncia que puede posibilitar un consenso ampliamente compartido por la mayoría de la población. Somos muchos los que pensamos que el día en el que también ETA asuma un compromiso de esta naturaleza estará prestando a la sociedad vasca, a la cohesión social de la misma y a las aspiraciones mayoritarias del pueblo al que pretende liberar, el mejor servicio que le puede hacer. 2.- La impugnación por el Gobierno central de la Propuesta del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. El 13 de no-viembre el Gobierno, presentó ante el Tribunal Constitucional el escrito de impugnación contra la propuesta del citado estatuto politico presentado por el lehendakari. La impugnación tiene una doble argumentación. La primera considera que dicha Propuesta implica numerosas y graves violaciones de la Constitución, en razón de su unilateralidad y, por tanto, un ataque deliberado a la soberanía del pueblo español. La segunda advierte que la decisión de la Mesa del Parlamento Vasco de tramitar el texto por la vía ordinaria, como Propuesta de reforma del Estatuto, aunque sin definirlo como proyecto de ley, excede de su ámbito competencial, lo que supone un fraude de ley. Así pues, la impugnación realizada desde el Gobierno del Estado, se justifica en la consideración tanto del contenido de la propuesta, como del proce- dimiento utilizado para su debate. Respecto de la impugnación del contenido de la propuesta cabe decir que pone muy en cuestión la posibilidad real de defender ideas y objetivos políticos por vías estrictamente democráticas. Entiendo y así lo compartimos en el Secretariado Social-Justicia y Paz de que no hay razones de orden ético para impugnar el derecho a debatir determinadas ideas políticas tales como las que se ofrecen a debate en la propuesta del lehendakari. Más aún, impedir un posible debate sobre tales ideas políticas supone un retroceso democrático, cuando no la opción por vías ajenas a estados democráticos. De todos modos, es penosa la judicialización de la vida política que se traduce en que los enfrentamientos propios de la vida política se diriman en los tribunales, esta judicialización supone un deterioro de la salud democrática de un país, por cuanto que roba el espacio propio del debate político cuyo contenido es, precisamente, tratar de resorver los problemas de la sociedad. Esta idea se acrecienta todavía más con el anuncio hecho por el Gobierno del Estado de cambiar el código penal con vistas a tipificar conductas cláramente democráticas como delitos. 3.- El 17 de noviembre, con motivo del discurso inaugural de la Asamblea de los Obispos, el presidente de la Conferencia episcopal española, Monseñor Rouco afirmaba que «pretender unilateralmente alterar el orden jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible». Las diversas reacciones ante estas palabras no se hicieron esperar. Una vez más, se ha podido comprobar la polarización de posiciones que un texto de estas características trae consigo en el seno de la Iglesia y de la sociedad vascas. Lo que para unos era modélico, por defender el marco de la unidad de España, para otros era reprobable porque condenaba el nacionalismo vasco. A los pocos días, concretamente el 22 de noviembre, nuestro obispo Don Juan Mª Uriarte, dirigió a la comunidad cristiana de Gipuzkoa una breve y precisa nota. No quiero volver a repetir lo que se decía en la nota, pero sí señalar la oportunidad de la misma, así como el profundo respeto que en ella se expresa a la conciencia personal de los cristianos ante la elección de las diversas formas políticas dentro de los valores éticos que subyacen en su magisterio episcopal. Todo ello es una inestimable y autorizada aportación al proceso de clarificación y reconciliación que tanto necesita nuestro pueblo, y que todavía sigue siendo una asignatura pendiente.
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