El Diario Vasco, 2 de febrero de 2004

¿Del hospital a la cárcel?

FRANCISCO MEABE , RAMÓN BALENCIAGA Y JOSÉ GOGORZA/JUSTICIA Y PAZ, SECRETARIADO SOCIAL Y PASTORAL PENITENCIARIA DE LA DIÓCESIS DE SAN SEBASTIAN

Una noticia difundida por varios medios de comunicación a mediados de enero produjo en nosotros extrañeza y preocupación: Manu Azkarate, vecino de la comarca de Tolosa, detenido por su vinculación con ETA en 1986 y puesto en libertad condicional en 1992 por enfermedad crónica, grave e incurable, había sido encarcelado de nuevo por orden del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria por incumplir, al parecer, el requisito de comparecer periódicamente ante los Servicios Sociales de la prisión. A los pocos días tuvo que ser hospitalizado al negarse, en son de protesta, a recibir alimentación y atención médica. Todavía permanece hospitalizado. Es de temer que pueda ser reinternado en breve. Consideraciones de orden humanitario, ético y evangélico, exentas de cualquier partidismo, fundamentan nuestra preocupación. Nos interrogamos, no sin motivo, si existe proporción entre el incumplimiento aducido por el Juzgado y el retorno a prisión de un ser humano afectado por una enfermedad crónica, grave e incurable. Asimismo nos preguntamos si la decisión adoptada por el Juez contempla con el debido detenimiento el criterio constitucional según el cual las penas privativas de libertad han de estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.

Los pastores de nuestra Iglesia han condenado siempre con nítida firmeza los atentados de ETA contra la vida y los derechos humanos, han mostrado su apoyo a las víctimas y han reconocido el derecho de una sociedad a defenderse de tales atentados. Como miembros cualificados de esta misma Iglesia, encargados por ella de estar junto a los que sufren y de velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos fundamentales, creemos apreciar en el caso de Manu Azkarate y otros similares una aplicación demasiado rigurosa de la normativa. Asimismo nos parece que, tras las últimas reformas del Código Penal, el acceso de numerosos presos de diferente condición a la libertad condicional se ha visto sumamente dificultado. ¿Ayuda este rigor a la reinserción de los penados? ¿Favorece la paz social?

Ratificamos nuestro propósito de defender todos los derechos humanos y de estar junto a todos los que sufren, sin excluir a los mismos culpables de delito y sin dejar de reprobar sus acciones ni de defender a las víctimas y amenazados. Queremos orar, trabajar, educar para una convivencia pacífica y una reconciliación auténtica. Nos adherimos a nuestros Obispos que reiteradamente reclaman una paz construida entre todos y para todos.