La Jornada, 3 de junio del 2002

El destino de Euskal Herria como nación sólo lo deben decidir sus habitantes, dicen

Advierten 358 curas vascos sobre las graves consecuencias que traería ilegalizar Batasuna

Armando G. Tejeda

Madrid, 1º de junio. Un grupo de 358 sacerdotes católicos del País Vasco envió ayer una carta a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en respuesta a los "ataques que han recibido los obispos de la Comunidad Autónoma Vasca", en la que advirtieron sobre las "consecuencias" que traería a la región la futura ilegalización de Batasuna, considerada el brazo político de ETA.
Una amplia mayoría de los curas vascos se solidarizó así con los tres obispos a los que el gobierno español tachó de "inmorales", y dijeron que Madrid ha creado un "entorno poderosamente hostil" en la región, sobre todo a raíz del trámite de la nueva ley de partidos políticos, creada para desaparecer del escenario político a la coalición de la izquierda separatista vasca Batasuna, la cual representa a 10 por ciento del electorado vasco y defiende la ideología del grupo armado.
La acción de los obispos católicos motivó que el viernes el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, presentara una queja formal ante el Vaticano para que llame a los prelados "al orden". El Vaticano anunció este sábado que "de momento" no piensa intervenir en la polémica en respeto a la soberanía de las respectivas diócesis de los obispos.
Los 358 sacerdotes vascos enviaron la misiva en la que manifiestan su coincidencia con la postura de los obispos sobre las consecuencias futuras de la ley de partidos, y exigieron el "cese de toda violencia", al tiempo que alertaron que la "conciencia de pertenecer a un pueblo llamado Euskal Herria se va afirmando, desarrollando y creciendo cada día a pesar de un entorno estatal poderosamente hostil".
Estos sacerdotes, según informó ayer Radio Euskadi, reconocieron además que "la realidad vasca como pueblo está atravesando una serie de problemas como consecuencia de grandes oposiciones y dolorosos conflictos políticos, sociales y culturales que demandan soluciones que superen los enfrentamientos".
Agregaron los religiosos que por lo anterior demandan "el cese de la violencia" y "el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos sin excepción", en alusión a uno de los reclamos históricos en la región, la autodeterminación, uno de los orígenes del conflicto.
Además sostienen que "lo único que tiene legitimidad como valor democrático para determinar el destino y configuración de Euskal Herria como nación es la decisión libre y democrática de sus miembros, lo antidemocrático es entorpecer o negar el ejercicio de ese derecho fundamental de autoderminación que reclama la mayoría" del pueblo vasco.
Mensaje a la CEE
Pero los sacerdotes también lanzaron un mensaje a la propia CEE, que se deslindó de la postura de los obispos y además criticó la intención de los prelados vascos que demandan una Iglesia vasca autónoma y con administración propia.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, calificó la carta de los 358 sacerdotes como "inmoral y absolutamente contradictoria con los valores de la Iglesia".
Más duro fue el dirigente del Partido Popular (derecha) vasco, Carlos Iturgáiz, quien acusó a los sacerdotes vascos de estar a las "órdenes de su amo Arzalluz", en alusión al presidente del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), en el gobierno regional, y de "apoyar a los verdugos y no a las víctimas". De su lado, el vocero de los socialistas, Jesús Caldera, criticó la "ceguera" de los religiosos vascos ante una ley "debatida de forma democráctica".
La postura de las tres formaciones de la coalición del gobierno vasco, el PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, fue radicalmente distinta, al sostener que la Iglesia vasca mantiene una postura "realista y comprometida con los diálogos para la paz", por lo que "aplauden" las "líneas generales de la pastoral y asumimos el clima de incomunicación política que denuncian los obispos, pero debemos señalar que es vergonzoso y una aberración criminalizarla (a Batasuna), lo que refleja la mente fascista de Aznar".
Arzalluz añadió que "a éstos (en referencia a Aznar y la oposición socialista) les gustan los obispos como los de antes, que recibían en palio al caudillo. Espero que no pretendan llevar bajo palio a Aznar ahora, pero eso es lo que les gusta y en cuanto se salen del guión, ya veis el linchamiento".
El dirigente vasco explicó que la solución del conflicto vendrá de la distensión, el diálogo y la negociación, "independientemente de que la policía tenga que actuar cada vez que maten a alguien o extorsionen o atropellen a alguien".
El origen de este enfrentamiento es la carta pastoral "Preparar la paz", en la que los obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez; de San Sebastian, Juan María Uriarte, y de Vitoria, Miguel José Azurmendi, se manifestaron radicalmente en contra de las intenciones del gobierno y del principal partido opositor, el Socialista Obrero Español, a la futura ilegalización de Batasuna.
Esta declaración pública provocó un torbellino político y severas críticas desde el gobierno del presidente Aznar, que los acusó de favorecer la "impunidad" de Batasuna y dar cobertura a los violentos antes que a las víctimas de las acciones terroristas de la organización.