El Diario Vasco, 6 de febrero de 2004

Cristianos y plan Ibarretxe (I)

CARLOS GARCÍA DE ANDOIN/LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Y TEOLOGÍA

El proyecto de nuevo Estatuto político de Euskadi presentado por el lehendakari Ibarretxe al Parlamento es de un gran calado. Tiene serias implicaciones de todo orden. Exige una reflexión y una toma de posición a todo ciudadano.

En la coyuntura abierta, ¿se juega el reinado de Dios? Así lo parece. Según la fe cristiana es ansia de Dios un mundo de justicia, libertad, reconciliación y paz. Nadie discute que en relación a esta propuesta se estén jugando valores básicos de convivencia social. Así pues es del todo legítima la perspectiva de la fe desde una experiencia de Dios que es de suyo política y que históricamente siempre lo ha sido. Ahora bien, así como el Evangelio es claro en el rechazo a la violencia y en la afirmación de la solidaridad con las víctimas, sin embargo no dice nada respecto a las fórmulas políticas en relación a la soberanía que se deba dar una comunidad. De la fe no se deduce una política. En este sentido 'tan cristiana y divina' puede ser la defensa de una Euskadi en autonomía, en región, en federalismo de libre adhesión, en soberanía o en independencia. Por ello, como primera contribución de toda persona cristiana vasca, debiera ser promovida una actitud desdogmatizadora en el centro del debate político.

Como dicen los obispos vascos en la famosa y polémica carta Preparar la paz (2002): «Ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son (...) dogmas políticos». Este país ganaría mucho con la relativización de los programas políticos. Conozco a muchos cristianos que identifican y confunden sus aspiraciones partidarias y programáticas legítimas con derechos humanos básicos. La soberanía política es un programa político democráticamente legítimo pero no es un derecho necesario derivado de la existencia de una identidad cultural, histórica o espiritual de un pueblo.

No son pocos en el lado no nacionalista, cristianos y no cristianos, los que echan en falta aquí y ahora una valoración ética de los obispos en nombre de la Iglesia sobre los fines y las condiciones en las que se ha impuesto este debate. Al menos se podrían expresar consideraciones como las que dijeron respecto a la ilegalización de Batasuna en la nota pastoral mencionada: «Nos preocupan como pastores algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables», que «tales consecuencias afectan a nuestra convivencia y a la causa de la paz», que «nuestras preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas, encomendados a nuestro servicio pastoral». Y que «probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían».

Esto que de hecho no se ha dado respecto a la ilegalización de Batasuna sin embargo sí puede darse respecto al plan Ibarretxe. (Cfr. Encuesta de Isabel de Bergareche, EL DIARIO VASCO, 30-11-2003). No pocos sospechan que en el fondo la hipótesis planteada por el lehendakari es querida por una buena parte de la jerarquía y del clero vascos que consideran que la paz vendrá necesariamente de la mano del reconocimiento del derecho de autodeterminación que en justicia se le debe al pueblo vasco, o al menos de una nueva fórmula política, de un nuevo Estatuto político. Así que los que, por un lado, echan en falta unas palabras en nombre de los representantes de la Iglesia, por otro lado casi prefieren que estén callados pues prevén que una nueva intervención de los obispos vascos, lejos de servir de punto de encuentro, representaría un nuevo factor de división, una nueva toma de partido que paradójicamente nunca se deja caer del lado de los no nacionalistas.

No sé si deben o no intervenir. Sin embargo, sí creo que aquella pastoral de los obispos vascos Preparar la paz contiene algunos criterios ético-políticos de gran utilidad para evaluar desde una perspectiva moral el plan Ibarretxe. Estos son: 1. Si la superación del Estatuto de Gernika obedece a «graves razones de bien común»; 2. Si la propuesta es un proyecto político no excluyente sino integrador. Y 3. Si el nuevo proyecto político es una propuesta basada en el diálogo como modo de gestionar la pluralidad de identidades y su conflicto. Vayamos pues una por una.

Graves razones de bien común? Los obispos vascos decían que «las fórmulas políticas que el pueblo ha aprobado o asumido mayoritariamente tienen sin duda gran valor y deben constituir el eje vertebrador de nuestra convivencia. No pueden ser suplantadas sin graves razones de bien común». Tengo serias dudas de que éstas sean las razones de quienes cantan el réquiem nacionalista del Estatuto de Gernika. A mediados de los 90 el nacionalismo vasco democrático estaba a punto de ver cumplido el programa político de casi 60 años. A falta de algunas transferencias, el marco de autogobierno diseñado por la Constitución y el Estatuto, sostenido por el Concierto Económico, estaba en pie y caminando a buena marcha. Algunos postularon entonces el postnacionalismo y auguraron el declive de su razón de ser. En realidad el nacionalismo democrático tenía tres opciones: A) el desarrollo social y cultural de la «nación vasca posible» mediante el autogobierno dado por el Estatuto, eso sí en mejora continua; esto es, la vía catalana; B) el ejercicio de la soberanía hacia la independencia por la vía de los hechos, pretensión de ETA en el marco del Acuerdo de Lizarra que, no aceptada por el PNV, implicó la ruptura de la tregua; y C) dar un paso más desde una concepción estato-nacionalista hacia la independencia, no sólo reivindicando más competencias ,sino a través de la constitución forzada, pero pactada, de un nuevo demos: el pueblo vasco soberano, de igual a igual, al demos español.

La propuesta del lehendakari Juan José Ibarretxe es la plasmación de una decantación del nacionalismo en esta última dirección. Esta opción del nacionalismo vasco, a diferencia del catalán, está seriamente condicionada por la existencia de ETA. Primero, porque ETA es un serio competidor en el campo del nacionalismo. Recordemos que una de las batallas que se libró en Lizarra fue la de quién ejercería la primacía en el campo del nacionalismo, si el estatutario o el abertzale. En aquella medida en que el nacionalismo se plantea en términos lineales e identitarios es más nacionalista el independentista que el estatutista, el defensor de la Gran Euskal Herria que el de la autonomía vasca de las Vascongadas, el partidario de una sociedad y una cultura en euskera que el que acepta como cultura vasca también el 'erdera', el que se afirma frente a lo español que quien lo incluye como propio.

Segundo, porque la violencia terrorista de ETA, a partir de la reacción ciudadana, mediática y política ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hizo temer al PNV el fin de la hegemonía y el poder nacionalista en la sociedad vasca. El temor a que el terrorismo etarra envolviera en un abrazo de muerte al nacionalismo le urgió a afrontar con determinación su propia vía hacia el final de la violencia, una vía basada en el diálogo con la izquierda abertzale y la búsqueda de un nuevo consenso jurídico-político aceptable por ella o por sus bases. Ello fue asimismo estimulado por el propio proceso norirlandés, del cual el mundo nacionalista ha intentado imitar la alianza nacionalista pero ha olvidado la transversal: el relevante papel y complicidad de los gobiernos de Londres e Irlanda desde sus orígenes.

Y tercero, porque ETA nunca aceptó el Estatuto como marco jurídico-político por cuanto implicaba una renuncia al derecho de autodeterminación y a la unidad con Navarra y el País Vasco francés. La violencia ha sido extremadamente eficaz para mantener viva esta posición. De hecho la misma existencia de la violencia ha operado en contra de la legitimación social del Estatuto como instrumento de convivencia. Además, el hartazgo social y la necesidad de poner fin a la violencia dan plausibilidad a propuestas que se presentan como nuevas, más aún si éstas se ofrecen bajo el señuelo de la paz, aunque ello sea incierto o aun cuando suponga ceder en el fondo a la amenaza y el chantaje del terror.

Así que permítanme concluir en este primer artículo que la propuesta de Ibarretxe obedece principalmente a necesidades de identidad del propio nacionalismo y a la eficacia política, moralmente ilegítima, de la violencia, más que a razones de bien común.