El Diario Vasco, 9 de febrero de 2004

Cristianos y plan Ibarretxe (y 2) democracia

CARLOS GARCÍA DE ANDOIN/LICENCIADO EN PSICOLOGÍA Y TEOLOGÍA, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UPV

En el artículo anterior (EL DIARIO VASCO, 6-2-2004) entresacaba tres criterios ético-políticos de la pastoral de los obispos vascos Preparar la paz. Apuntábamos serias reservas para concluir que fuera un proyecto fundado en 'razones de bien común'. En esta segunda parte reflexionaremos sobre los otros dos: si es un proyecto integrador y si está basado en el diálogo.

¿Un proyecto integrador? Los obispos vascos afirman la necesidad de un nuevo proyecto cuya característica principal debe ser la integración: «Lejos de empecinarse en cualquier proyecto excluyente, este país necesita (...) un proyecto integrador. La paz verdadera y plena ha de tener la ambición de acabar ganando para su causa incluso a los más recalcitrantes». Creo que el plan Ibarretxe no satisface este segundo criterio. Voy a argumentarlo desde la lectura del texto. ¿Cuáles son las características de esta propuesta estatutaria? Me ceñiré a cuatro, aunque hay más. A) Atribuye a las instituciones políticas vascas potestad plena legislativa y ejecutiva en prácticamente la totalidad de las políticas públicas. Por otro lado, las competencias exclusivas del Estado quedan reducidas al mínimo: nacionalidad española, extranjería y derecho de asilo; producción, uso y consumo de armas; marina mercante, espacio aéreo... Las de mayor entidad, como sistema monetario, defensa y fuerzas armadas y régimen aduanero y arancelario, también citadas, están fundamentalmente bajo soberanía de la Unión Europea. B) Se instituye un poder judicial propio. El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi es la instancia última ante la que se agotarán las sucesivas instancias procesales, incluyendo los recursos de casación o la última instancia que proceda en todos los órdenes de la jurisdicción. C) Establece una distinción entre ciudadanía vasca y nacionalidad vasca. Si bien afirma la igualdad de derechos y deberes, no precisa si los sólo ciudadanos tienen asegurados los derechos de participación política, esto es, a elegir y a ser elegidos en el ejercicio del derecho a sufragio. Lo único claro es que la vecindad administrativa no es suficiente para poseer la nacionalidad vasca. D) Con todo, la modificación más sustantiva es la relativa a la naturaleza de la relación con el Estado español: el estatus de libre asociación. De manera que el autogobierno se funda en una relación de igual a igual, de entidad soberana a entidad soberana, basada en el respeto y el reconocimiento mutuos, en la cooperación, el equilibrio de poderes y en la lealtad institucional recíproca (art. 14).

Esta propuesta desplaza el eje del acuerdo entre los vascos y de Euskadi con España hacia una independencia encubierta que, si bien mantiene una asociación con el Estado español, ésta se basa en la constitución de un cuasi Estado vasco, sobre el cual aquél no tiene poder vinculante ninguno, quedándose en 'Estado florero'. Tampoco aparece en el plan la perspectiva de la participación en los órganos y en la voluntad política del Estado español. Así, se muestra indiferente a una eventual reforma del Senado como cámara de las autonomías. Únicamente se observa esta preocupación en materia de representación europea, donde se afirma que «los representantes de las instituciones vascas formarán parte de las delegaciones del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en todos aquellos asuntos que afecten al contenido de las políticas públicas que les son exclusivas» (art. 65.2). Una propuesta de estas características puede ser integradora, y hasta un punto, de los nacionalistas, no de quienes sienten y apuestan por unos vínculos mayores con España. Esto es, la mitad de la sociedad vasca.

Una propuesta de diálogo? En Preparar la paz, los obispos vascos apelan a la necesidad de diálogo para gestionar el pluralismo de identidades y el conflicto que vivimos. Citan a Juan Pablo II: «El diálogo se manifiesta siempre como instrumento insustituible de toda confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados como en las internacionales». Pues bien, el lehendakari suele decir, refiriéndose a la necesidad de hacer propuestas y de dialogar hasta el amanecer: «¿Qué hay de malo en ello?». Y ello así dicho parece en efecto no revestir gravedad alguna. Sin embargo, su Gobierno, que es el Gobierno de todos los vascos, ha planteado sin la transversalidad necesaria y de forma unilateral no un documento de principios, sino un texto articulado que implica no la reforma sino una alteración sustancial del acuerdo político entre Euskadi y España y entre los propios vascos. Pretende servir para la convivencia satisfaciendo las reclamaciones de los abertzales y nacionalistas. Se supone que debe saber que tal propuesta unilateral dinamita los consensos anteriores y abre una profunda fractura con los vascos no nacionalistas, los cuales se sienten traicionados porque un día cedieron por el bien de la convivencia y hoy no están dispuestos a ceder más a las pretensiones de una sociedad homogénea, menos aún si ello es debido a la presión y al chantaje de la violencia. Estamos, casi la mitad sin quererlo, y una mayoría abrumadora sin saberlo, en medio de un proceso constituyente. El nacionalismo vasco pretende un Estado vasco. ¿Estamos en una fase de debate y diálogo? No. Estamos adentrándonos en medio de un proceso constituyente de un nuevo 'demos', el demos vasco, frente al español. Como dice Imanol Zubero, el resultado de este proceso va a ser, quieren que sea, un «nosotros distinto del actual». Se trata de abrir un proceso de decisión que debe configurar un sujeto soberano. Es más importante el hecho de decidir que el contenido de la decisión, por cuanto tal hecho constituirá el sujeto de la soberanía. Lo ilustra bien José Elorrieta, secretario general del sindicato nacionalista ELA. Considera la consulta como el «punto fuerte» del proceso soberanista y defiende la necesidad de que se convoquen varias para contribuir a su legitimación, en relación a temas de política social o ecología.

En efecto, «la pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en aras de una paz social». Ningún marco jurídico-político es dogma. La reforma de la Constitución no sólo es admisible sino necesaria 25 años después. Este país necesita verdaderamente un nuevo pacto político y necesitará reformas del Estatuto y también de la Constitución. Deberá someterse a referéndum tal acuerdo político. Pero en las actuales circunstancias 'a fuer de ETA' y de esta forma unilateral y excluyente no se dan las condiciones ético-políticas para alcanzar un nuevo pacto político. No olvidemos que esta propuesta nace en la estela de Lizarra, una de cuyas condiciones dramáticamente cumplidas para intentar acercar a la izquierda abertzale ha sido la exclusión de cualquier pacto con el PP y el PSE-EE. La iniciativa de este Gobierno obedece a interés de parte, lejos de integrar fractura, y el diálogo no deja de ser sino una bandera arrojadiza. Dice San Pablo que la nueva creación «gime con dolores de parto». Quisiera ver que en efecto ésta es una de esas contracciones tan dolorosas que las madres sufren en el alumbramiento de la vida humana. No será la última. Espero que no acabemos extenuados. Y que haya aún fuerza para dar finalmente a luz.