El Diario Vasco, 14 de abril de 2004

Iglesia y cambio de gobierno

CARLOS GARCÍA DE ANDOIN/LICENCIADO EN TEOLOGÍA Y PSICOLOGÍA

La relación entre el Gobierno popular y los obispos españoles ha estado marcada, en efecto, por una cierta sintonía política, particularmente en la cuestión patria, la asignatura de Religión, el matrimonio y adopción de parejas homosexuales y en temas de bioética. Sin embargo conviene precisar el análisis, pues no ha sido una relación cómoda ni exenta de tensiones.

La primera legislatura popular supuso una cierta decepción para no pocos obispos. Confiaban en que, por fin, tras el 'largo túnel socialista', históricas reivindicaciones de la institución eclesial serían satisfechas. Sin embargo no hubo cambios significativos en las materias sensibles, véase como ejemplo la legislación sobre el aborto, la asignatura de Religión católica o la financiación de la Iglesia. Incluso el PP dio nuevos pasos como la aprobación de la comercialización de la píldora del día después. Sólo hubo un acuerdo, a última hora, respecto al estatuto laboral y la financiación de los profesores de Religión en la escuela pública, favorable a las tesis de los obispos.

La mayoría absoluta dio ímpetu al Partido Popular para aplicar sus políticas «sin complejos ni ataduras», también en asuntos eclesiásticos. Sin embargo, nunca, ni siquiera con los gobiernos de Felipe González, la relación entre Ejecutivo y jerarquía alcanzó tan alta tensión. Son reseñables al menos dos importantes encontronazos al viejo estilo 'sacerdotium et imperium'. El primero, con ocasión del Pacto Antiterrorista, que la jerarquía rechazó firmar (20 de febrero de 2001). El segundo respecto a la Carta pastoral de los obispos vascos (30 de mayo de 2002), que cuestionó la ilegalización de Batasuna. En ambos, fue el propio Aznar el que se puso al frente de una abierta y contundente crítica a la Iglesia. Los líderes eclesiásticos no podían creer el duro trato de Aznar a una Iglesia que parecía ahora ambigua y en connivencia con el terrorismo etarra. El presidente popular quería tener a la Iglesia alineada consigo en la cuestión patria. Y los obispos sufrieron al ver cómo el presidente popular, un político, pretendía convertirse en la referencia moral del cristianismo conservador español desplazando hasta a los mismísimos obispos.

Fue, creo, el vértigo de ambos conflictos el que, en un proceso digno de estudio, llevó a consolidar la imagen de sintonía política fraguada al final de la segunda legislatura popular. La condescendencia de un lado hacia el otro ha sido manifiesta. Por parte del Gobierno popular, los temas arriba mencionados. Por parte de la Iglesia, la carta pastoral contra el terrorismo (22 de noviembre de 2002) y la impagable imagen de familia entre el Papa y Aznar (2 de mayo de 2003), cuando uno y otro habían mantenido posiciones opuestas en relación a la doctrina de la guerra preventiva y a la invasión de Irak en las semanas y los meses anteriores a la visita de Juan Pablo II a España. Recordemos que esta foto se da en vísperas de la campaña para las elecciones municipales, donde el PP consigue frenar la marea en su contra.

No sé si el balance es alentador para la Iglesia. El PP propiamente lo que ha hecho ha sido favorecer una religión civil en un país de tradición católica, esto es, el catolicismo como factor de legitimación en todo aquello que afecta a la cohesión nacional. Un esquema por el cual, en materia moral y religiosa, el Gobierno es el que preside y la Iglesia es la que oficia. Por otro lado, el acercamiento al PP en la cuestión patria ha provocado la división entre los propios obispos, particularmente con los vascos y catalanes. Pienso que la Iglesia podría ver la nueva etapa que se abre también como una oportunidad para ser una Iglesia más libre y más servidora de la fe, de la paz y de la justicia.

Algunas de las acciones que emprenderá el nuevo gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tendrán casi con toda seguridad enfrente a los obispos: es el caso del aborto hasta las 12 semanas, el matrimonio de homosexuales, la derogación del nuevo planteamiento de la asignatura de religión de la LOCE, el acogimiento de los profesores de Religión al Estatuto de los Trabajadores, la investigación con células embrionarias... No es previsible un cambio en la posición de la jerarquía, sobre todo en los aspectos más doctrinales. Tales mo- dificaciones no se suelen dar como efecto de cambios de gobierno. Lo que cabe esperar es que a pesar de estas discrepancias la jerarquía mantenga una cordialidad y un diálogo con el nuevo gobierno socialista. El propio Antonio María Rouco ha manifestado que la Iglesia dirá con libertad lo que piensa, pero que no va a impulsar una movilización política para parar estas reformas. Intentará llevar a la práctica su propio criterio con convicción, testimonio y formación. Los obispos no pueden convertir estas discrepancias en una confrontación política identitaria. Sería poco prudente. Saben que buena parte de los católicos son votantes socialistas y que muchos militantes de izquierda son cristianos.

De hecho, los católicos en España elaboran sus preferencias electorales sopesando muchas otras cuestiones además de los asuntos Iglesia-Estado. Y en algunas de ellas, no sólo los católicos, sino también curas y teólogos, se muestran conscientemente críticos respecto a las posiciones de los propios obispos. En fin, los obispos saben que buena parte del programa socialista converge con los valores del Evangelio. Véase la centralidad que concede a la familia, la apuesta por las personas en situación de dependencia, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la apuesta por la cooperación y la solidaridad internacional y la denuncia de la guerra preventiva, en la que tan a fondo se ha empleado el propio Juan Pablo II.

Buena parte de los católicos viven con esperanza el nuevo tiempo político que ha abierto la victoria socialista. No en vano hay una extraordinaria complicidad de valores y sensibilidad entre el mundo cristiano y la tradición socialista. En este marco los posibles acuerdos entre Iglesia y Gobierno son un capítulo, no más, de las relaciones harto más amplias y complejas entre cristianismo cultural y política socialista.

Con todo, la cuestión de fondo que se va a dirimir en los próximos años es el significado de la laicidad y del laicismo en la sociedad española. Hay quienes oponen, de una forma demasiado simple para ser verdad, ética laica progresista frente a moral religiosa conservadora. Si la izquierda hiciera política bajo esos parámetros, sería una franca equivocación. Ciertamente nuestra sociedad es cultural y religiosamente plural. La adopción de pautas éticas y legales no puede venir de una tradición religiosa, por mayoritaria que sea, sino del acuerdo y la conformación democrática de la voluntad ciudadana. La laicidad, en este sentido, es un valor político estrechamente unido a la libertad, a la tolerancia y a la democracia. Un valor que deberá esgrimirse sin duda frente a toda imposición y autoritarismo religioso.

Sin embargo, la laicidad también es un factor de crítica para dogmatismos y exclusiones de ideologías no religiosas. No es la laicidad, sino el laicismo, dudosamente democrático, lo que excluye la religión de la vida pública. La laicidad es un principio incluyente de todas aquellas fuentes de valor que construyen democracia, justicia y derechos humanos, también las religiosas. En este sentido, la convivencia en España necesita impulsar un gran debate y un gran pacto de laicidad inclusiva, en el que participen los diferentes agentes sociales, culturales, religiosos y políticos. Un pacto sobre el principio de que democracia y religión se complementan. La democracia de hecho favorece la libertad de conciencia, el ejercicio de la fe y el pluralismo religioso. La religión, por su parte, es un valioso complemento de la sociedad democrática por el compromiso moral, la dimensión cultural y el sentido crítico.

En este marco de entendimiento y diálogo, debería pensarse en la posibilidad de un nuevo acuerdo sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública. No como asignatura, sino como área curricular que incluya en primer lugar y para todos la formación específica y sistemática en ciudadanía democrática, esto es, en los valores que están en la base de la Constitución y los derechos humanos; en segundo lugar, y para todos, una enseñanza laica de la religión, que facilite una aproximación cultural y sociológica a la religión; y, en tercer lugar, de manera opcional, una formación en la tradición o confesión religiosa específica, conforme al derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos.