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Ramón Rubial y Carlos Garaikoetxea saludan a los asistentes a un mitin en favor de la aprobación del Estatuto de Gernika. |
El Diario Vasco, 25 de octubre de 2003 Un
tiempo casi olvidado KEPA AULESTIA Alianzas
y rupturas El 25 de octubre de 1979, la sociedad vasca aprobó el Estatuto de Gernika. En un referéndum en el que participó el 58,8% del censo, el 90,3% de los votantes depositó la papeleta del 'sí'. Se daba inicio a una etapa sin precedentes en la historia de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Veinticuatro años después, un gobierno elegido en virtud del Estatuto de Gernika se dispone a reformarlo para dar cauce a un nuevo Estatuto, esta vez «de libre asociación con el Estado español». No resulta fácil obtener hoy una versión veraz de lo que ocurrió en vísperas de aquella fecha, en las negociaciones que hicieron posible el texto refrendado. El transcurso del tiempo y, sobre todo, el enfrentamiento político de los últimos años impide incluso que los protagonistas de aquel pacto coincidan al valorar su significado. El clima de fractura que se está viviendo entre el nacionalismo y el no-nacionalismo ha hecho aflorar una interrogante crucial: ¿fue el Estatuto una concesión al nacionalismo que llegó a forzar la voluntad de los no-nacionalistas? ¿o, por el contrario, fue una «carta otorgada» por poderes que se negaron a ir más allá bajo la amenaza de la involución democrática? Un año antes de aquel 25 de octubre, el PNV había decidido abstenerse ante el referéndum constitucional. El avance que para muchos de sus dirigentes más veteranos -comenzando por el propio Ajuriaguerra- representaba en términos históricos la Carta Magna, la inclusión del «respeto a los derechos históricos» en la Adicional primera o las potencialidades de desarrollo que encerraba el artículo 150.2 no fueron argumento suficiente para que el partido fundado por Sabino Arana optara por incorporarse al consenso constitucional. La marginación reglamentaria del grupo jeltzale de la ponencia constitucional se convirtió en la justificación más reiterada de aquella postura. Pero existen testimonios suficientes -comenzando por las explicaciones del propio Arzalluz- para concluir que, en el fondo, el PNV se sentía reacio a dar su visto bueno a ninguna constitución española. Uno de los protagonistas de aquellos momentos, el senador Mitxel Unzueta, llegaría a decir años después que un 'sí' del PNV a la Constitución hubiese imposibilitado el logro de un Estatuto como el vigente. En más de una ocasión, Carlos Garaikoetxea ha recordado los momentos de la negociación del Estatuto como un período de urgencia. Los peligros golpistas, la escalada de la violencia de ETA y la sensación de vacío que propiciaba una lenta transición exigían la máxima celeridad en la definición del nuevo reparto de poderes en la España constitucional. Según el nacionalismo actual, aquella premura impidió atar los cabos jurídicos de un texto estatutario que acabó ofreciendo demasiados flancos para su sistemático recorte e incumplimiento. Pero lo cierto es que esa misma urgencia propició que la UCD de Adolfo Suárez fuera retirando sus objeciones de fondo en capítulos esenciales como los conciertos económicos, el orden público, la educación y la disposición adicional en un esfuerzo de pragmatismo que trataba de alcanzar la estabilidad democrática en el plazo más breve. El PNV, en cuyo seno se debatían las tendencias más posibilistas con aquellas que recelaban de las componendas en el marco constitucional, digirió el resultado con su tradicional ambivalencia: satisfecho por lo conseguido, siempre y cuando se admitiera que representaba un punto de partida. Pero lo cierto es que el texto definitivo se ciñó fundamentalmente a la propuesta inicial de los jeltzales. Por su parte, la sombra que la negativa de Alianza Popular extendía sobre el consenso estatutario no pareció inquietar a las formaciones que habían aprobado la Constitución y que concebían el Estatuto como su necesaria prolongación. Sería necesario introducirse en el ánimo de los dirigentes de entonces de la UCD y del PSOE para saber a ciencia cierta si la redacción del Estatuto provocó en ellos algún desgarro. Pero la campaña unitaria a favor del Estatuto -de la que es cierto que la UCD se mantuvo a distancia- así como la experiencia en común en el gobierno de la preautonomía y la puesta en marcha de las instituciones de autogobierno revelaron por su parte una sintonía incuestionable con la génesis de la autonomía. Además, las diferencias que reflejaban esas dos grandes formaciones respecto al Estatuto tenían que ver tanto con su tradición como con su posición política de gobierno y oposición respectivamente. Vaivén autonómico El 29 de diciembre de 1978, la Asamblea de Parlamentarios Vascos, reunida en la Casa de Juntas de Gernika, aprobó el texto que, de la mano del diputado de la UCD Juan Echevarría Gangoiti, voló hasta Madrid para presentarse en el registro del Congreso antes de que lo hiciera el proyecto de Estatut para Catalunya. Casi un año más tarde, y después de la celebración de las segundas elecciones generales de la democracia (marzo de 1979) y de los comicios municipales (abril de 1979), el Estatuto entraría en la recta final de su aprobación. La sociedad vasca comenzaba a percibir qué podía ser eso de la autonomía, cuyo único precedente fugaz y dramático había sido el período comprendido entre el alzamiento franquista del 36 y la salida del último consejero del Gobierno Aguirre de tierra vasca. Pero, sobre todo, la sociedad vasca comenzaba a encontrarse consigo misma. Tres procesos electorales y las consultas en torno a la Constitución y el Estatuto permitían dibujar un espectro de voluntades políticas que ha perdurado sin sustanciales alteraciones durante veinticuatro años. Las elecciones autonómicas de 1980 permitieron al PNV comenzar un período ininterrumpido al frente de la autonomía, apuntalada con el pacto sobre los conciertos económicos a finales de aquel año. Las primeras transferencias y una incipiente tarea legislativa en materia institucional y presupuestaria protagonizaron la puesta en marcha del Estatuto. Pero aquel espíritu inicial de consenso político sufriría una fuerte sacudida al final de la etapa de gobierno de la UCD y en vísperas de que el PSOE alcanzara la mayoría absoluta en octubre de 1982. La LOAPA, acordada como mecanismo de armonización autonómica entre los dos grandes partidos constitucionales, amenazaba con cuestionar buena parte de la capacidad de desarrollo de un autogobierno inaugurado, de hecho, dos años antes. Desde entonces, el desarrollo autonómico daría lugar a una secuencia discontinua de aproximaciones y desencuentros; de coincidencias saludadas por el Ejecutivo de Vitoria como «acuerdos históricos» seguidas de denuncias de incumplimiento de las previsiones estatutarias. Y ello a pesar de la sentencia por la que el Tribunal Constitucional desbarató buena parte de las intenciones que albergaban los artífices de la LOAPA, limitando los riesgos que para la autonomía podía entrañar la producción legislativa orgánica o armonizadora, aunque consagrando el «principio de unidad» para la reserva de competencias estatales. Lento pulso Los sucesivos gobiernos centrales intentaban prolongar los tiempos de un pulso lento. Pero tampoco la gestión nacionalista de la autonomía era siempre propicia a la celeridad. El principio de que no debía admitirse «mercancía averiada» en las transferencias cuajó en la Administración vasca como un principio que aún permanece. El bloqueo de las relaciones con Madrid fue una de las causas aducidas por el EBB para explicar la grave crisis que se desató entre la dirección del PNV y el lehendakari Garaikoetxea poco después de las elecciones autonómicas de 1984. El pacto de legislatura suscrito entre el PNV y el PSE a comienzos de 1985, y la coalición de estos últimos con el PNV tras las autonómicas de 1986 perseguían -según los dirigentes jeltzales- dar un impulso al autogobierno «gobernando aquí con quienes gobiernan en Madrid». La alternancia en el Gobierno de España en 1996, con la victoria por mayoría relativa del PP, daría paso a un efímero pero fructífero clima de entendimiento con el Ejecutivo vasco, que dejó como activo la renovación actualizada de los conciertos económicos. Pero en ese mismo instante se estaba larvando la bifurcación de los caminos que poco más tarde tomarían los nacionalistas y los no-nacionalistas. El PP entendió que el proceso autonómico se había culminado ya. Por su parte, el PNV comenzaba también a dejar atrás el Estatuto. Hoy se escenifica la paradoja: PNV y EA convierten el incumplimiento estatutario en la justificación de su desdén hacia el actual Estatuto y PP y PSE-EE -acusados de ese incumplimiento- reivindican su plena vigencia. El Estatuto de Gernika abrió hace 24 años una etapa sin precedentes en la historia de los vascos erigida sobre un espíritu de consenso que ha quedado en el recuerdo NEGOCIACIÓN DEL ESTATUTO |
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