ABC, 18 de agosto de 2004

CARPETAZO A LA COMISIÓN

LOS socialistas están decididos a dar carpetazo a la Comisión de investigación sobre el 11 de marzo y a no solicitar más comparecencias, ni siquiera la de Aznar, que exigen todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE y el PP. Las razones aducidas no son convincentes. Para el partido en el Gobierno, el ex presidente está convencido de lo que hizo y se encuentra apartado de la política. Estos argumentos carecen de toda fuerza, pues lo relevante no es ni que haga autocrítica ni que siga en activo, sino que pueda proporcionar información relevante, aunque sea más que verosímil que su declaración confirme la de Ángel Acebes. Más dureza aún merecen sus pretensiones de que las conclusiones ya están, para ellos, consolidadas y cerradas y que Acebes y el Gobierno del PP mintieron a los ciudadanos. Justo lo contrario es lo que la mayoría de los ciudadanos pudo comprobar en la comparecencia ante la Comisión parlamentaria del ex ministro del Interior. Por lo demás, la actitud actual del Ejecutivo contrasta con lo que dijo su partido en los días previos a la constitución de la Comisión, en el sentido de que había que saber toda la verdad, declarara quien declarara y sin rechazar ninguna comparecencia solicitada. Ahora, al parecer, hay declaraciones impertinentes o inútiles. En estas condiciones, es imposible que puedan alcanzarse unas conclusiones consensuadas. En cualquier caso, éstas podrán contener la valoración de la mayoría, pero no necesariamente la realidad de los hechos.

De esta manera, quedaría confirmado que la Comisión de investigación servirá para muy poco y que su constitución, al menos por lo que se refiere al Partido Socialista, no iba encaminada al esclarecimiento de los hechos anteriores y posteriores a los atentados, sino que obedecía a intereses políticos derivados de la inminente campaña electoral. De confirmarse este anuncio, el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan cometerían un grave error político y un atentado contra los derechos e intereses de los ciudadanos. Además, la negativa a aceptar comparecencias solicitadas por las minorías entraña una vulneración de los principios democráticos, pues va más allá del ejercicio de los derechos legítimos de la mayoría y no está permitida por las regulaciones vigentes en la mayoría de las democracias. No tiene ninguna justificación, por ejemplo, la negativa del PSOE a aceptar la comparecencia ante la Comisión de Ignacio Astarloa, ex secretario de Estado de Seguridad.

En la misma o parecida dirección apuntan las desafortunadas declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que ha tenido la ocurrencia de afirmar que «probablemente nunca sepamos quién organizó los atentados del 11-M» y que las Fuerzas de Seguridad han desmantelado ya todo lo que se podía desmantelar. Una cosa es la eventual dificultad de alcanzar el éxito en las investigaciones y otra el desistimiento de la posibilidad de obtener la verdad sobre la autoría de tan terrible atentado terrorista. Un anuncio que los ciudadanos sólo pueden recibir con incredulidad, indignación o sospecha.

Si se confirman estas intenciones, no faltarán razones para pensar que el Gobierno no quiere llegar a la verdad de los hechos y que el PSOE sólo aceptó la constitución de la Comisión por razones electoralistas y con el propósito de debilitar y neutralizar la oposición popular. La solución está al cabo de un par de semanas, pero las intenciones del Ejecutivo de dar carpetazo y buscar sólo el consenso en la política contra el terrorismo islamista parecen ya patentes. El derecho de los ciudadanos a conocer la verdad quedaría así políticamente escamoteado.